
ESCÁNDALO EN TIERRA DEL FUEGO: FOPEA REPUDIÓ EL DESPIDO DE ABEL CARRARI Y DEJÓ EXPUESTO AL PODER POLÍTICO

El caso del periodista Abel Carrari explotó en la escena política fueguina. FOPEA salió al cruce de su cesantía y cuestionó duramente lo ocurrido con quien se desempeñaba desde 2020 como asesor de comunicación del legislador oficialista Federico Greve.
Según el organismo, el conflicto se habría desatado después de que Carrari no saliera a defender al Gobierno de Gustavo Melella durante un programa radial en el que se cuestionaba la situación de las escuelas de la provincia. Esa misma noche recibió la comunicación de que no continuaría en su puesto.
La advertencia de FOPEA es contundente: el Estado no puede convertirse en una herramienta para disciplinar periodistas ni utilizar los puestos de trabajo como mecanismo de obediencia política.
El episodio deja al descubierto una situación preocupante: ¿la comunicación institucional exige profesionalismo o militancia obligatoria? ¿Un trabajador de prensa puede perder su empleo por no defender una gestión política?
Mientras el oficialismo habla de democracia y pluralidad, el caso Carrari instala una contradicción que merece explicaciones públicas.
La libertad de expresión no puede depender del humor de un funcionario ni del nivel de obediencia de un periodista. Cuando disentir puede costar el trabajo, el problema ya no es solamente laboral: es institucional.
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